La situación no mejora, a pesar de los buenos datos del paro del pasado mes de marzo, y desde CCP tenemos que seguir  denunciando la precarización del mercado laboral, el alto porcentaje de paro juvenil, la falta de futuro para la generación de jovenes mejor preparada de nuestra historia reciente, y que se ven obligados a emigrar por la falta de expectativas laborales que les permita desarrollar una carrera profesional en nuestro país.

 

En una jornada reivindicativa como el 1 de  mayo, debemos señalar también que no se han dado pasos significativos que permitan alcanzar mínimamente una plena igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, se sigue sin acabar con la violencia de género, esa gran lacra social que nos averguenza a todos. 

 

La economia sigue dando muestras de recuperación. El Indice de Precios al Consumo se encuentra en niveles cercanos al 3%, después de 7 meses de subidas consecutivas. Sin embargo, los incrementos salariales siguen estancados a lo largo de los últimos años. Desde CCP proponemos la recuperación del poder adquisitivo perdido por los Cuadros y Profesionales, tanto en la Administración Pública, como en aquellas empresas que presenten cuentas con resultados positivos.

 

La reforma laboral en aquellos términos que afectan al abaratamiento de los despidos deben ser modificados, entre otros. Se debe convocar, sin demora, el Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, contando con todos los agentes sociales, no sólo con los sindicatos más representativos.

 

 La creciente competitividad en un mundo global, con un capital y empresas cada vez más transnacionales, hace necesario que las organizaciones sindicales seamos capaces de plantear acciones coordinadas a nivel internacional. CCP ya está trabajando en el seno de la Confederación Europea de Cuadros (CEC) en ese sentido.

 

Es necesario realizar cambios en la regulación de la Unión Europea en aquellas directivas que regulan el marco laboral en el seno de Europa, de forma que las regulaciones laborales nacionales no sean un factor condicionante a la hora de tomar decisiones de inversión entre los diferentes países miembros de la Unión Europea.