16/06/2021.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha condenado al Grupo empresarial Alcoa Inespal por la demanda de conflicto colectivo presentada por Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), entre otras organizaciones sindicales, por no haber cumplido los compromisos que adquirió de vender las plantas de Avilés y La Coruña a un empresario “serio, solvente y riguroso” para la reindustrialización de las plantas y no haberse producido en los términos pactados en el acuerdo de despido colectivo de 15 de enero de 2019 entre Alcoa y los sindicatos que representaban a los trabajadores, poniendo en grave riesgo el mantenimiento de los casi 700 trabajadores afectados.
La Audiencia Nacional destaca en su sentencia que el acuerdo de despido colectivo alcanzado entre ALCOA y la representación legal de los trabajadores no se ha completado y, por lo tanto, está plenamente vigente, despliega todos sus efectos jurídicos, y es exigible su cumplimiento, particularmente en lo que se refiere a su apartado de extinciones contractuales por causas objetivas y el plan de recolocación externa.
Según la sentencia “lo que ha quedado acreditado en el acto de juicio es la situación desoladora que relatan los informes de la Inspección de Trabajo de estas dos plantas, sin que ni siquiera los demandados hayan presentado pruebas intentado demostrar lo contrario”.
Esta acción es paralela a la querella interpuesta por CCP en noviembre de 2020, contra Alcoa y por un supuesto delito de estafa agravada, insolvencia punible y apropiación indebida que ha atentado contra la seguridad de los más de 600 trabajadores de estas dos fábricas y que ha tenido como consecuencia más inmediata la intervención judicial de las plantas por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de Madrid, por entender que éstas estarían acometiendo un saqueo patrimonial de la compañía desde que la compraron a Alcoa en el verano de 2019
A la vista de los fundamentos presentados y las medidas cautelares solicitadas por CCP, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid acordó la intervención judicial de las antiguas fábricas de aluminio de Alcoa, en Avilés y La Coruña, tras decretar las actuaciones judiciales de las sociedades Iberian Green Aluminum Company (antigua System Capital Management) , Alu Holding LC Spain Slu, Alu Holdign AVL 2019 Spain Slu, Alu Ibérica AC y Alu Ibérica AVL.
Así mismo, la jueza del Juzgado nº3 de Madrid, María Tardón, acordó también designar como administradores judiciales a funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Intervención General de la Seguridad Social y solicita la colaboración de la Administración del Estado para proceder a su materialización.
Lo que se persigue con estas medidas es salvaguardar los derechos y expectativas de los trabajadores de la empresa y de los acreedores y/o Administraciones Públicas eventualmente perjudicados.
CCP se muestra satisfecha por esta sentencia que garantiza a los trabajadores recibir las indemnizaciones acordadas en la negociación del despido colectivo con Alcoa, aportándoles una mayor seguridad en el caso que la situación de las fábricas siga deteriorándose.
