Artículo de Opinión del presidente de CCP, Ángel Cardo, sobre CCOO y UGT y los planes de pensiones de los trabajadores

Publié dans Análisis y Opinión

LOS NEGOCIOS LEGALES DE CCOO Y UGT CON LOS PLANES DE PENSIONES
DE LOS TRABAJADORES ¿ÉTICOS? ¿ESTÉTICOS?

Por Ángel Cardo, Presidente de Confederación de Cuadros y Profesionales

En unos momentos en los que todos los medios de comunicación se hacen eco de
situaciones, presuntamente ilegales, donde representantes de nuestros dos
sindicatos mayoritarios aparecen imputados en el mayor proceso de fraude de
nuestra democracia, el caso de los ERES de Andalucía, y donde la moralidad
queda en entredicho cuando aparecen gastos de difícil justificación, nosotros
hoy queremos hablar de lo que si son negocios legales de nuestros sindicatos
mayoritarios.

Y no de algunos bien conocidos como los seguros, la formación, la vivienda, el
asesoramiento, la mediación, la consultoría, los viajes, no de esos, no.

Queremos hablar del fabuloso negocio legal, eso sí, que hacen con los Planes de
Pensiones de los trabajadores, pero donde en algunos casos queda cuestionado
que sea "ÉTICO" o cuanto menos "ESTÉTICO".

Me refiero a la participación que estos dos sindicatos mantienen en diversas Gestoras de
Planes de Pensiones de Empleo, de la mano de las más importantes entidades financieras
de nuestro país y de la mayor operadora de telecomunicaciones, la mismísima Telefónica. ¡Si Don Carlos Marx
levantara la cabeza!

Pues sí, mnuestros dos sindicatos mayoritarios son accionistas de gestoras de Planes de
Pensiones de Empleo, que gestionan los Fondos de los trabajadores de más de 50
empresas, muchas de ellas dentro del Ibex 35.

Su participación se sitúa en torno al 15 y el 20%, lo que supone más de 4 millones de euros de
capital social, suscrito y desembolsado por Sindicato, y unos Recursos Propios
de 20 millones de euros por Sindicato (cifras sacadas de fuentes públicas y
solo en dos de esas Gestoras).

Ese negocio legal funciona del siguiente modo:

1.- Los Fondos gestionados son planes de pensiones de los trabajadores de empresas
como: Enagás, Unilever, Canal de Isabel II, Ercros, etc.

2.- El órgano de supervisión y control es la Comisión de Control donde están representados
empresa, participes y los trabajadores, a través de sus representantes
(mayoritariamente CCOO y UGT).

3.- ¿Qué hay que supervisar? Pues la gestión de
la Gestora, desde negociar la contratación de la Gestora, hasta las condiciones
y comisiones del contrato que se firme con la misma, pasando por la política de
inversiones y el seguimiento de éstas.

4.- ¿Quién es parte del accionariado de la
Gestora? Los sindicatos CCOO y UGT en los porcentajes que antes hemos indicado
y, por supuesto, la entidad financiera o Telefónica, claro está, que están
interesadas en contar con tan excelentes Directores Comerciales que van
abriendo las puertas de todas aquellas empresas, públicas y privadas, que
tienen o constituyen un Plan de Pensiones de Empleo, garantizando la paz social
en lo referente a este capítulo tan importante, como son los Planes de
Empleo. A cambio, no nos olvidemos, de los
suculentos dividendos que van a las arcas de los citados sindicatos, se
repartan o se capitalicen.

5.- ¿Es ética esta actuación? Ya hemos dicho que legal parece ser que lo es, y no seré yo
quien cuestione esta legalidad, ni ninguna resolución de la Dirección General
de Seguros que así lo afirma, pero ¿ético? ¿estético?... Rotundamente no.

Ni es ético, ni mucho menos estético. ¿Cómo se puede ser juez y parte al mismo tiempo?,
¿cómo pueden valorar si su gestora es mejor o peor, si el precio contratado es
el adecuado? En una época en la que se ponen encima de la mesa los valores
éticos de los seres humanos, y saltan a los telediarios y a la prensa los
códigos deontológicos, los códigos de cumplimiento y los procesos de
contratación en concursos y adjudicaciones ¿cómo pueden los representantes de
los trabajadores que luchan contra el "Capital" ser socios del "Capital"? y ¿cómo
pueden tener la poca vergüenza de ser parte del órgano que debe juzgar la
gestión de ese "Capital" del que son socios?

¿Quiénes son tan excelentes gestores que sin recurrir a ERES consiguen tan atractivos
beneficios para su sindicato? Pues, el sevillano Antonio Retamino Megias de la
Comisión Ejecutiva Confederal de UGT que dirige la Tesorería desde hace años,
funcionario en excedencia del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, hombre
muy de la UGT de Andalucía y que lleva toda una vida dedicado al sindicato.

Y Carlos Bravo Fernández, empleado de Caja Madrid desde 1979 y profesor asociado de la
Universidad Carlos III de Madrid desde 1999.
Ingresó en CCOO en 1981 y desde 1997 es responsable del Área de Planes y
Fondos de Pensiones de la Confederación Sindical de CCOO, siendo en la
actualidad el secretario de Protección Social y Políticas Públicas.

Mis felicitaciones al camarada Antonio y al camarada Carlos que consiguen año tras
año, incluso en época de crisis, unos buenísimos dividendos para sus casas, eso
sí, a costa de participes como yo que, sin ser de CCOO y UGT, soportamos las
comisiones que luego les llega vía dividendos.

 

Nota de las secciones sindicales CCP-ANPF Renfe Operadora y Adif

Publié dans Análisis y Opinión

11/octubre/2013.- El modelo ferroviario vigente en España, aplica la Directiva europea de
separación entre la gestión de infraestructuras y la operación ferroviaria. En
un marco donde la construcción de nuevas líneas ha sido relevante, la división
ha podido aportar ventajas organizativas.

Sin embargo, frente a procesos de liberalización, que eran la justificación de la medida, no se han
producido resultados.

Se quiere afrontar nuevamente el proceso liberalizador, lo que afectará básicamente a la Operadora pública. El
Ministerio define a Renfe Operadora como un operador público de referencia,
apuntando a competencia-liberalización y no a privatización. La división en
cuatro sociedades, se basa en criterios definidos con claridad y no entorpecerá
la operación ferroviaria. Cuatro sociedades o cuatro unidades de negocio, una
matriz empresarial común. Esta estructura no debiera influir negativamente en la prestación del
servicio público, ni en los profesionales que lo prestan.

La situación en el Administrador de Infraestructuras se ha visto afectada por la necesidad de
impedir que su elevada deuda compute como propia del estado. La solución se
ha orientado hacia la segregación en dos sociedades, y la adjudicación de la
deuda y los activos más productivos a una de las sociedades, la de Alta Velocidad. El condicionante de partida hace que la separación no sea tan nítida como en la Operadora y no corresponda totalmente a actividades diferenciadas. Buena parte de los activos son difícilmente segregables (prestan servicio tanto a Alta Velocidad como a
Convencional), o simplemente están funcionalmente al servicio de la actividad
de la sociedad a la que no van a adjudicarse. La gestión, lejos de facilitarse, será más compleja. Ineludiblemente va
a tener implicaciones sobre los profesionales que gestionen los activos o la actividad ferroviaria.

La tendencia europea parece ser contraria, al menos en apariencia, a las soluciones que se están
adoptando en España. Francia, con total nitidez, ha anunciado su intención de
integrar operación y gestión de infraestructuras. Y lo hace por dos razones,
primero simplificar la gestión y segundo evitar que la deuda compute, al
aportar los ingresos de la operación. Alemania parece apuntar en la misma dirección.
Para el mismo problema, cómputo de la deuda, Francia y España adoptan decisiones divergentes, como
indicamos, al menos en apariencia.

Las mercancías merecen mención específica. Durante años,
la cuota de mercado ha ido en descenso, y la liberalización, no se ha traducido
en una presencia significativa del sector privado. La falta de una visión estratégica de dónde se puede
competir, de marketing adecuado, y de no seleccionar adecuadamente los perfiles
de los profesionales que debían estar al frente (perfiles logísticos,
comerciales...), han llevado a esa situación. Ahora se requiere definir con
total claridad un proyecto estratégico y dotar de medios materiales y humanos adecuados el proyecto. Implicar a
un operador público extranjero, debiera ser la última opción, aún siendo
conscientes de que el momento actual es de enorme gravedad.

La situación expuesta, puede mejorar si en los planes del Ministerio de Fomento, entra dotar de una
matriz común a Renfe Operadora y Adif. La segregación de Adif podría ser más
clara en cuanto a Alta Velocidad y Convencional, no forzando la adjudicación de
activos artificialmente. La sociedad de mercancías, podría tener la oportunidad, al amparo de una matriz fuerte, de
reorganizarse y ser un operador de referencia, público y nacional. La
corporación común aportaría sinergias traducibles en ahorros económicos. Y los
profesionales del ferrocarril obtendrían un futuro más claro, dentro de la
prestación de un servicio público eficiente y en competencia con operadores privados.

La edad media de la plantilla de empresas ferroviarias
requiere la adopción de medidas correctoras. Cualquier ERE, y parece que
en 2014, van a convertirse en una realidad, no sólo debe abordar la reducción
de plantilla, sino que puede ser una oportunidad para introducir los perfiles
profesionales que la realidad ferroviaria demanda y conseguir la necesaria disminución de la edad
media.

Respecto a la posibilidad de conflictos laborales originados por la segregación de Renfe
Operadora y ADIF, entendemos que deben hacerse todos los esfuerzos posibles por
evitarlos, y que la negociación debería permitir alcanzar soluciones que compaginen la mejora en el servicio público
del ferrocarril y la garantía necesaria para los profesionales que lo hacen posible.

El colectivo de profesionales que representan las secciones sindicales de CCP-ANPF, a pesar de
su reciente formación, es suficientemente amplio para que la colaboración y
diálogo con el Ministerio y las empresas ferroviarias puedan llegar a ser
altamente eficaces. Desde CCP-ANPF se han hecho todos los esfuerzos necesarios
para ello, aunque no todos los actores implicados parecen haber entendido la necesidad de colaboración.

Día internacional de la mujer. Día de celebración y reconocimiento.

Publié dans Análisis y Opinión

La mujer lleva luchando por sus derechos a lo largo de la historia, aunque fuera predominantemente de forma puntual o individual. Ya la matemática Hipatia de Alejandría, en el siglo IV-V d.c., fue asesinada brutalmente por sus reivindicaciones de libertad de pensamiento y autonomía personal de la mujer.

Durante la República Romana, las mujeres se organizaron por primera vez contra la Ley Oppia, que las prohibía llevar más de una cierta cantidad de oro, y las limitaba en su forma de vestir. Y lograron que fuera derogada. Este suceso marcó un hito que condujo a conseguir otras medidas también de vital importancia, como el derecho a divorciarse o el derecho a administrar su propia dote.

Durante la Revolución Francesa, las mujeres se unieron como colectivo y promovieron las primeras peticiones formales de derechos políticos para la mujer, conscientes de que el lema libertad, igualdad y fraternidad entre los hombres no se refería a la humanidad, sino solo a los varones.

Derechos de conciliación en tiempos de crisis

Publié dans Análisis y Opinión

La realidad socioeconómica que vive nuestro país está siendo la excusa perfecta para recortar derechos socio-laborales y frenar los avances que en materia de Igualdad y Conciliación se han conseguido con tanto esfuerzo en las últimas décadas.

La Reforma Laboral pasa de puntillas por el campo de la conciliación sin generar ningún avance reseñable,  a excepción de la regulación, por primera vez en nuestro país, del trabajo a distancia o teletrabajo, y las políticas de igualdad han pasado a un segundo plano.

Mientras las empresas practican la austeridad, rebajando un 40 % su inversión en materia de conciliación, son muchos los trabajadores que no están ejerciendo los derechos adquiridos en este campo, porque cuando la prioridad es mantener el trabajo, la igualdad y la conciliación se tiende a considerar un lujo. Por tanto, es realmente el miedo al despido el que está disuadiendo a los trabajadores de reivindicar una mejora en sus derechos laborales y otros muchos temen represalias si disfrutan de permisos de maternidad, paternidad o de reducción de jornada previstos legalmente o logrados mediante negociación colectiva.

Desde la Secretaría de Igualdad y Conciliación de la CCP, queremos instar  a que los trabajadores a que tomen conciencia de que la conciliación es un auténtico derecho reconocido legalmente, tanto a nivel europeo (entre otras, en la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 5 de julio de 2006), como a nivel estatal (art. 44 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres).